jueves, 10 de diciembre de 2009

UPyD plantea la necesidad de reducir el número de empresas públicas y la racionalización de su gasto.

UPyD lamenta que no se use a las empresas públicas como instrumento de política económica si no como moneda de cambio a la hora de realizar pactos de gobierno.
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10 de diciembre, 2009. Palma
Según el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Baleares de 2010, a las 43 empresas públicas (institutos, fundaciones o entes) se les va a repartir más de 810 mill € (134.000 mill pts.). Casi el 60% del total se lo reparten seis empresas, Serveis Ferroviaris de Mallorca, Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, Ibavi, IB3, Fons de Garantía Agrària i Pesquera de les Illes Balears Y Ports de les Illes Balears.
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Cabría preguntarse por qué en Baleares, con poco más de un millón de habitantes hay 43 empresas públicas y si realmente todas ellas son necesarias, además de las empresas públicas que dependen de los Consells Insulares y de los ayuntamientos.
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UPyD aboga por la reducción de las empresas públicas, dado que su número es excesivo sus funciones en ocasiones se duplican. Concretamente propone, por ejemplo, que IBATUR y el Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears se fusionen y que la la Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears y la Fundació Balears a l'Exterior se conviertan en un único organismo.
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Aun más grave es el hecho de que estas empresas publicas rara vez están dirigidas por personas de valía técnica, sino por afiliados a partidos políticos, sin más mérito que poseer un carnet político. Desde UPyD se propone que los altos directivos de estas empresas deban ser elegidos por consenso en el parlament, que sea obligado cumplir el presupuesto y prohibido el reparto de beneficios y/o primas por conceptos similares.
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El fin de creación de una empresa pública es asegurar la prestación de un servicio necesario de una manera eficaz y ágil, por ello se ha de reflexionar sobre si realmente las 43 empresas cumplen de manera eficaz con los fines para las que fueron creadas y sobre si muchas de ellas se han convertido en moneda de cambio a la hora de hacer los pactos políticos.
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UPyD opina que estas empresas pueden ser una herramienta muy útil de política económica regional, pero que muchas de ellas son un pozo sin fondo donde se desperdicia el dinero de los contribuyentes y que solo sirven para fines políticos y de manipulación del partido en el poder, cuando no una forma de articular la corrupción más o menos soterradamente. (caso Palma-Arena)
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Anualmente la sindicatura de cuentas presenta su informe sobre estas empresas y destaca sus deficiencias, siendo una de las más repetidas la no aplicación de la Ley de Contratación con la Administración Publica, el incumplimiento de la Ley de morosidad, y la indiferencia ante las directrices de estabilidad presupuestaria.
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Por todo lo anterior, UPyD propone una reforma del actual sistema y una racionalización del mismo, en nombre de la eficiencia económica, que pretende no gastar más sino gestionar mejor.
GT de Economía.
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