jueves, 10 de septiembre de 2009

Los actuales gobiernos de la CAIB, del Consell de Mallorca, del Ajuntament y de la presidencia del Parlament se sostienen por presuntos corruptos

De siete representantes electos de UM en las instituciones más importantes de la comunidad, cinco están imputados en diversos casos de corrupción y, sin embargo, Antich, Armengol y Calvo y Munar apuntalan sus respectivos gobiernos con su concurso e, incluso, los destacan como consejeros relevantes. Además de Josep Melià, sólo María Antonia Munar, actual presidenta del Parlament, no está imputada por ningún caso de corrupción, a pesar de haber sido la valedora de todos ellos y la presidenta de UM y del Consell insular justo cuando cometieron sus presuntos delitos al frente de diversos cargos ejecutivos en el Consell.
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Baleares es la comunidad autónoma española líder en políticos, con funciones destacadas de gobierno regional, insular y municipal, imputados en diversos sumarios judiciales por corrupción. Es casi imposible encontrar en ninguna otra parte una situación de corrupción transversal de tal envergadura. Casi todos estos políticos pertenecen al partido político bisagra Unió Mallorquina, que durante varias legislaturas se ha mantenido en el poder, gracias a pactos políticos con las fuerzas mayoritarias, PP o PSOE, con una representación política muy por encima de sus resultados electorales.
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UPyD Baleares quiere recordar a la opinión pública la actual trama de complicidades de los políticos de UM con el resto de los partidos políticos que gobiernan en coalición (PSOE, EU/El Verds, PSM, ERC) el Govern, el Consell y el Ajuntament.
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El expresidente de UM, Miquel Nadal, concejal del Ayuntamiento de Palma, no sólo sostiene con su indispensable voto el gobierno municipal de Aina Calvo (PSOE-PSIB), sino que es el actual flamante conseller de Turismo de Antich. Está imputado por el caso CAN DOMENGE, por un quebranto de 30 millones de euros, a punto de ser trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Baleares, y ha implicado directamente a Miquel Àngel Flaquer, así como a Munar y a Bartomeu Vicens. Es muy posible que el TSJB le incluya en una fianza solidaria de 38 millones de euros.
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El actual presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, responsable político del pacto que une a UM con el PSOE-PSIB y otros partidos en el gobierno, es el portavoz de UM en el consell Insular de Mallorca y preside el Consorcio de Informática Local de Mallorca, con elreconocimiento y protección de la presidenta del consell de Mallorca, Armengol (PSOE-PSIB). Está imputado por el caso CAN DOMENGE, por el mismo quebranto económico de 30 millones de euros, y ha sido afectado por la medida cautelar de una fianza solidaria de 38 millones de euros.
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Antoni Pascual es actualmente vicepresidente del Consell Insular de Mallorca y Conseller de Obras Públicas. Está imputado por el caso CARRETERA DE MANACOR (con sus técnicos Gonzalo Aguiar y Francisco Orejudo) y responsable de una modificación de obra y contrato, según dictaminan tres informes técnicos y jurídicos, de 23 millones de euros. A pesar de estas ilegalidades, cometidas poco antes de las últimas elecciones, Armengol (PSOE-PSIB), presidenta del Consell, le volvió a nombrar conseller de Obras Públicas y le elevó a la posición de vicepresidente.
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Dolça Mulet, imputada por el caso MAGDALENAS-PIÑATA, es actualmente la consellera de Deportes y Promoción Sociocultural. Acusada por favorecer con subvenciones dictadas a dedos a ciertas personas titulares de ciertas asociaciones, llamadas como “Clan de Campos”, por un monto de caso un millón de euros, mantiene actualmente contratos de colaboración con algunas de esas mismas personas, a través de contratos con sociedades interpuestas.
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Bartomeu Vicens, el político más aventajado de todos ellos en manejo de los dineros públicos, no ostenta actualmente cargo ejecutivo o de gobierno, pero ha ejercido varios (conseller de Ordenación Territorial, entre otros). Forma parte del Grupo Mixto del Parlament Balear y con su voto está salvando la mayoría del gobierno en coalición, votando a favor de casi todas sus propuestas legislativas. Además, sostiene la presidencia del Parlament, en poder de Munar, su valedora. Está imputado por el caso SON OMS por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en libertad bajo fianza de 100.000 euros, acusado por diversos casos de corrupción con un monto económico casi imposible de cuantificar. También está imputado por el caso CAN DOMENGE y a punto de ser trasladado su figura al Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Es más que posible que el TSJB le incluya en la fianza solidaria de 38 millones de euros que ha dictado contra Miquel Ángel Flaquer. Además está siendo investigado por el caso Ordenación Territorial.
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Sólo dos políticos electos de UM están fuera de imputación por corrupción, Josep Melià i Ques, actual portavoz del Grupo Mixto del Parlament Balear, y María Antonia Munar, actual presidenta del Parlament Balear, ex presidenta de UM y verdadera presidenta, de facto, del actual UM, hacedora y protectora de todos los políticos anteriormente citados.
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UPyD Baleares resalta la paradoja de que quien ha estado siempre por encima de todos los implicados, en posición de conocer todas las actuaciones de los mismos, no haya sido aún imputada ni citada como testigo por ningún juez: MARÍA ANTONIA MUNAR. Todo ello a pesar de que Cerdà la incluyó, en declaraciones como testigo, entre los beneficiarios de la trama de SON OMS; a pesar de que era la presidenta del consell insular cuando se elaboraron las condiciones y pliegos de enajenación de Can Domenge por la mitad de precio (30 millones) que el de su valor en mercado (60 millones) y de haber sido acusada por Nuñez Navarro, un constructor que pujó con Can Domenge con 60 millones; a pesar de que la declaración de Miquel Nadal ante el juez se alude a Munar como conocedora de los hechos de CAN DOMENGE, aun cuando en el momento de la firma del documento de enajenación estaba enferma; a pesar de que era la presidenta del Consell insular de Mallorca cuando Antoni Pascual, conseller de Obras Públicas, y sus técnicos modificaron ilegalmente el presupuesto y la obra de la carretera de Manacor en 23 millones, algo casi imposible, dada la escandalosa cantidad de dinero, de ignorar por la presidenta; a pesar de que era la presidenta del Consell insular cuando se gestó y desarrolló el caso MAGDALENAS-PIÑATA.